Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, afirmó que la República Dominicana se ha posicionado como líder regional en el uso de herramientas tecnológicas orientadas a garantizar una protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras, convirtiéndose en un referente internacional en materia de innovación y regulación responsable.

El funcionario sostuvo que el país ha logrado colocarse a la vanguardia internacional en la regulación justa de las tecnologías emergentes, mediante el desarrollo de mecanismos y plataformas que permiten ofrecer mayor seguridad y confianza a los consumidores frente a los nuevos desafíos que plantea la economía digital.

Alcántara, quien ocupó hasta hace poco la presidencia de la Red Internacional de Aplicación de la Ley de Protección al Consumidor (ICPEN), organismo que agrupa a titulares de agencias gubernamentales de protección al consumidor de cerca de noventa países, explicó que ese liderazgo ha sido posible gracias a diversas plataformas tecnológicas diseñadas por Pro Consumidor, las cuales han sido compartidas por agencias gubernamentales de protección al consumidor de los cinco continentes, siendo utilizadas como modelos de referencia para fortalecer la defensa de los derechos de los ciudadanos en diferentes naciones.

Destacó que los avances alcanzados mediante esas herramientas se han convertido en un instrumento fundamental para evitar vulneraciones a los derechos de los consumidores, al tiempo que facilitan respuestas más rápidas y eficientes frente a las nuevas modalidades comerciales y tecnológicas.

El director ejecutivo de Pro Consumidor ofreció sus declaraciones en el marco de una conferencia titulada “Derecho y Tecnología”, impartida en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en la que participaron decenas de estudiantes que cursan diferentes carreras en esa alta casa de estudios.

Recordó que la capacidad innovadora de la institución quedó evidenciada con la aprobación, en la mesa de trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), del procedimiento para la resolución de conflictos en el comercio electrónico transfronterizo, iniciativa aprobada en el año 2025 y cuya plataforma comenzará a entrar en vigencia en 2027, luego de ser ratificada por los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de las Naciones Unidas.

Indicó que este mecanismo representa un hito para la protección de los consumidores en el ámbito digital, debido a que permitirá establecer procedimientos más ágiles y eficaces para resolver controversias derivadas de transacciones realizadas entre consumidores y proveedores de distintos países.

Caso Worldcoin

Asimismo, Alcántara resaltó las acciones emprendidas por Pro Consumidor para impedir la operación en territorio dominicano de empresas que ponían en riesgo la integridad y la privacidad de las personas.

Citó el caso de la compañía Worldcoin, a la que se le impidió operar en República Dominicana mediante medidas sustentadas en una perspectiva regulatoria y legal orientada a la protección de los datos biométricos de los ciudadanos.

El funcionario explicó que la institución exigió a esa empresa extranjera la eliminación total de los datos biométricos obtenidos de manera irregular a través del escaneo del iris de los ojos de consumidores dominicanos, actuación que posteriormente fue respaldada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0267/26, la cual ratificó definitivamente las actuaciones de la entidad defensora de los derechos de los consumidores y estableció que la misma actuó dentro del marco de sus facultades legales establecidas en la ley 358-05 que le permite revisar contratos de adhesión digitales.

Alcántara manifestó que, como parte de estos avances, Pro Consumidor ha puesto en funcionamiento diversos programas y herramientas tecnológicas destinados a fortalecer la vigilancia del mercado y garantizar una mayor protección de los ciudadanos frente a prácticas comerciales abusivas o riesgos derivadas del uso inadecuado de las nuevas tecnologías.

Resaltó, finalmente, que la Ley 358-05 tiene por objetivo establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios, tanto públicos como privados, nacionales o extranjeros, “la cual hacemos cumplir a cabalidad”.